Ser periodista es más peligroso en México que en Siria o Afganistán
La Organización de defensa de la libertad de expresión con sede en Londres, Artículo 19, confirmó que la peligrosidad de México para ejercer el periodismo supera al riesgo en países como Siria y Afganistán, con 104 homicidios de comunicadores de 2000 a la fecha, 31 de ellos ocurridos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el último informe de la organización internacional con sede en París, de los ocho periodistas asesinados en lo que va de 2017, tres eran mexicanos. El resto, dos eran de Irak, de Afganistán, Rusia y Siria, uno en cada país.
El informe de RSF consideró en su reporte las muertes de Cecilio Pineda, de La Voz de la Tierra Caliente, ocurrida el 2 de marzo; la de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada y de Norte de Juárez, registrada el 23 de marzo, y la de Maximino Rodríguez, de Colectivo Pericú, sucedida el viernes 14.
De acuerdo con los estándares de la organización, México es considerado “tierra de los cárteles de la droga”, y ocupa el número 147 de una lista de 180 países, en la que el primer lugar en libertad de expresión lo ocupa Noruega y el último Corea del Norte.
De México, el informe de RSF resaltó su pérdida de posiciones en los últimos 15 años, al pasar del lugar 75 en 2002 al 147 de ahora, después de un año muy violento en 2016 en el que 10 periodistas fueron asesinados, “y un mes de marzo de 2017 marcado por los ataques en serie”.
Según el informe, México avanzó dos lugares en comparación con el último año, en que estaba ubicado en el sitio 149.
RSF identificó que “cuando los periodistas cubren temas relacionados con el crimen organizado o la corrupción política (sobre todo a escala local), inmediatamente se convierten en blancos y con frecuencia son ejecutados a sangre fría”, crímenes que en su mayoría quedan en la impunidad.
Al señalar que la ausencia de castigo en los crímenes contra la libertad de expresión forma parte de la persistente corrupción e impunidad que hay en México, la organización alertó sobre el contexto en el que algunos de los gobernantes y servidores públicos “están directamente ligados al crimen organizado”.
También advirtió que “la corrupción de los políticos asociados con la violencia del crimen organizado erosiona el país, sobre todo a escala local”, en especial en los estados de Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, donde “investigar un tema que genere molestia, puede poner rápidamente en peligro” a los periodistas. (Con información de Artículo 19)
De acuerdo con el último informe de la organización internacional con sede en París, de los ocho periodistas asesinados en lo que va de 2017, tres eran mexicanos. El resto, dos eran de Irak, de Afganistán, Rusia y Siria, uno en cada país.
El informe de RSF consideró en su reporte las muertes de Cecilio Pineda, de La Voz de la Tierra Caliente, ocurrida el 2 de marzo; la de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada y de Norte de Juárez, registrada el 23 de marzo, y la de Maximino Rodríguez, de Colectivo Pericú, sucedida el viernes 14.
De acuerdo con los estándares de la organización, México es considerado “tierra de los cárteles de la droga”, y ocupa el número 147 de una lista de 180 países, en la que el primer lugar en libertad de expresión lo ocupa Noruega y el último Corea del Norte.
De México, el informe de RSF resaltó su pérdida de posiciones en los últimos 15 años, al pasar del lugar 75 en 2002 al 147 de ahora, después de un año muy violento en 2016 en el que 10 periodistas fueron asesinados, “y un mes de marzo de 2017 marcado por los ataques en serie”.
Según el informe, México avanzó dos lugares en comparación con el último año, en que estaba ubicado en el sitio 149.
RSF identificó que “cuando los periodistas cubren temas relacionados con el crimen organizado o la corrupción política (sobre todo a escala local), inmediatamente se convierten en blancos y con frecuencia son ejecutados a sangre fría”, crímenes que en su mayoría quedan en la impunidad.
Al señalar que la ausencia de castigo en los crímenes contra la libertad de expresión forma parte de la persistente corrupción e impunidad que hay en México, la organización alertó sobre el contexto en el que algunos de los gobernantes y servidores públicos “están directamente ligados al crimen organizado”.
También advirtió que “la corrupción de los políticos asociados con la violencia del crimen organizado erosiona el país, sobre todo a escala local”, en especial en los estados de Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, donde “investigar un tema que genere molestia, puede poner rápidamente en peligro” a los periodistas. (Con información de Artículo 19)
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