Refrenda MORENA su apoyo a la Ley 701 en asamblea de la CRAC

El Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) refrendó su apoyo para defender la Ley 701 durante la asamblea microrregional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) realizada este domingo en el municipio de Cochoapa.

Participación del secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, Rubén Cayetano García, en Cochoapa, Municipio de Ometepec, Guerrero, a invitación de la CRAC.           

Amigas y amigos:

Agradezco la invitación que me han hecho para participar en esta asamblea popular, reciban de parte de los dirigentes y militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que dirige y conduce el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, un saludo respetuoso para todos ustedes.El día de ayer y hoy mediante un desplegado publicado en medios escritos de circulación estatal, Morena ha convocado de manera abierta a las autoridades y organizaciones indígenas a defender la vigencia de la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, que a la fecha debe regir la vida institucional de los pueblos y comunidades de esta región del estado.Nuestro llamado lo hacemos sin ningún otro interés que no sea el de salvaguardar los derechos conquistados en esa norma histórica. A partir de dicha convocatoria, es que aceptamos venir aquí como invitados. Siendo respetuosos de todas las expresiones y distintos frentes que al interior del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) existen hoy en día, al tiempo en que llamamos a todos los hermanos indígenas a dejar a un lado sus diferencias para poner por encima de estas los supremos derechos de los pueblos y comunidades que deben representar. Desde ahora expreso nuestra incondicional voluntad para reunirnos con todas las autoridades de la CRAC, para informarles lo mismo que venimos a informales en esta asamblea. No vamos a hablar de sus asuntos internos, ni vamos a manifestar apoyo o reproche a nadie, solo vamos a cumplir con nuestra convocatoria de defender la vigencia de la Ley 701, para que sean ustedes mismos quienes estando debidamente informados determinen lo conducente, con pleno respeto a la autonomía y libre determinación que deben tener las comunidades indígenas tal como se consagra en las fracciones I y X del artículo 6º y de los numerales 25 y 26 de dicha norma. Expuesto lo anterior, informo a ustedes lo siguiente:El actual gobernador del estado, entró en funciones el día 1º de abril del año 2011. Ocho días después, el viernes 8 de abril, fue publicada en el periódico oficial del estado la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, entrando en vigencia al día siguiente. Fue la quincuagésima novena legislatura del Congreso del Estado, la que en sesión de fecha 15 de febrero de 2011 la aprobó, siendo una ley reglamentaria del artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Para esta fecha Ángel Aguirre Rivero ya era gobernador electo.Desde su entrada en vigor, 9 de abril de 2011, no hubo interés ni acción del gobierno para darle vida orgánica a las instituciones nacientes al cabo de dicha ley, tales como: la personalidad jurídica a las comunidades indígenas para ejercer los derechos establecidos. Jamás les delimitaron la jurisdicción de sus comunidades. Nunca fueron remitidos para su custodia a las autoridades comunitarias aquellos indígenas sentenciados por delitos del fuero común para cumplir sus condenas y fueran rehabilitados socialmente conforme a las normas que para tal efecto hubiesen establecidos las autoridades comunitarias. Tampoco les han reconocido la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña, ni expidieron las leyes que fijaran las características de la vinculación del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias con el Poder Judicial del Estado y de su participación en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, respetando la integridad y las modalidades de las funciones que en cuanto a seguridad pública, procuración, impartición y administración de justicia se ejercieran por el Consejo. Todo esto que se encuentra previsto en los artículos del 8 al 14, 21, y del 35 al 42 de la Ley 701.Desde que el Secretario General de gobierno Jesús Martínez Garnelo, “explicara” a los diputados locales de la actual legislatura, que dicha ley le significaba un Caballo de Troya para el gobierno y que las comunidades indígenas aplicaban una justicia medieval y del siglo pasado, se inició el intento de abolición de la Ley 701.Ahora en las reformas hechas a la Constitución del Estado de manera deliberada no se reconoce como autoridad al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y su sistema de justicia indígena se reduce a un sistema de faltas que no constituyen delitos para que sean sancionadas a través de la Policía Comunitaria, subsistiendo está pero ya sin la CRAC y bajo el mando del Sistema Estatal de Seguridad Pública que las sujeta a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación. Con las reformas esta ley reglamentaria tiene un destino inequívoco que es su abolición.Nuestro movimiento, Morena, participó en todos los foros a los que convocó el Congreso Estatal y en ellos pedimos que los derechos contenidos en la ley 701, fueran elevados a rango constitucional. No fue así.  Los diputados que tanto pregonan que han hecho una Constitución de avanzada, carecieron de talento y voluntad política para estar a la altura de las circunstancias del pueblo de Guerrero y de sus comunidades indígenas. Lo único que fueron capaces de proteger, fueron sus propios intereses partidistas y de grupo como lo hemos venido señalando durante el proceso legislativo y a partir de su aprobación en el congreso, dejando constancia también en los cabildos municipales que sin al menos leer dicha reforma la han aprobado sin respingo, ante la línea y consigna que han recibido desde las cúpulas de sus partidos, constituyendo actualmente una unanimidad y nula oposición como si las cosas estuvieran en un estado de perfección, cuando la realidad, lo sabemos, es otra.El discurso oficial de que se debe respetar y hacer valer el estado de derecho, es demagogo. Si el estado de derecho es vigente entonces, ¿Por qué no respetar la ley 701?, ¿Por qué no darle vigencia plena a sus instituciones?, ¿Por qué no otorgarle el reconocimiento pleno de autonomía y libre determinación a sus comunidades?, ¿Por qué no delimitar su jurisdicción con el estado?, ¿Por qué en lugar, de promover una controversia constitucional contra la ley 701 para someterla a un estudio constitucional sobre su vigencia y valía, se decidió, con la comparsa del Congreso del Estado abolirla poco a poco como se pretende?, ¿Por qué no, en lugar de darles una dádiva mensual a las autoridades comunitarias, el congreso debió otorgar un presupuesto al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) para el desempeño de sus atribuciones legales?Es irónico que mientras el actual gobernador andaba en campaña, prometiendo el reconocimiento de los derechos indígenas y afromexicanos, en el Congreso del Estado bajo la pasada legislatura  ya se cristalizaban esos anhelos históricos y en tanto asumía la primera magistratura del estado, también, con apenas ocho días de diferencia, entraba en vigor la ley 701. Empero, al enterarse que esta ley ya estaba ahí y que los derechos consagrados en ella, simplemente no favorecen a los intereses privados, nacionales y extranjeros que buscan la depredación del territorio indígena y que el gobierno federal ha consentido al autorizar la explotación minera; se busca derogarla.No se descarta que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo haya esperado hasta el último momento de su mandato para promulgar la ley 701 para evitar lidiar con los derechos indígenas y sus comunidades y dejarle encaminada la vigencia al actual gobierno. Pero eso no es lo que importa, lo verdaderamente importante es que esta ley histórica contiene las más altas aspiraciones de los pueblos indígenas y deben ser respetados. Además no fue Zeferino Torreblanca al promulgarla, quien cristalizó dichos anhelos, ni los diputados de la pasada legislatura, los verdaderos artífices siempre han sido las comunidades y pueblos indígenas.Mañana se van a promulgar las reformas a la Constitución del Estado, en el marco del informe del gobernador. Lo que bien pudo ser un acto altamente democrático y republicano, conlleva un retroceso y una página triste para los pueblos y comunidades indígenas, a quienes la ley 701, les concedió sus anhelos inacabados durante tres años y veinte días,  más los que se tarde el Congreso en crear las nuevas leyes reglamentarias, en la que seguramente ya no se encuentra previsto, al menos para este gobierno, la vigencia de la ley 701.A partir de la entrada en vigor de las actuales reformas a la Constitución, aun existe la posibilidad de combatir legalmente dichas reformas y también hacer prevalecer la ley 701. El tiempo empezara a correr. Deberán estar atentos. Recuperen la esencia de la CRAC, como lo plantea Tlachinollan. Solo los pueblos y comunidades indígenas a través de sus autoridades poseen la legitimidad para iniciar la lucha legal y jurídica. Más vale que lo hagan unidos y dejen a un lado sus diferencias. El asunto de la CRAC no se reduce  a un tema de policías y delincuentes, es importante la seguridad de todos, pero también hay derechos sustantivos e históricos que defender.

¡Que vivan los pueblos y comunidades indígenas!¡Que viva la CRAC!¡Que viva la Policía Comunitaria!¡Que viva la Ley 701!Buenos días a todos.       
                       
Cochoapa, Gro., a 27 de abril de 2014.